De Cabo blanco a Cabo depredador

por María Adelina Mercuri
El miércoles en la mañana la activista ambientalista pinamarense, Marú Cárdenas, denunció en el HCD a los responsables del balneario Cabo Blanco (UTF N° 36), Enrique Leandro Aravski, por la realización de las excavaciones en pleno frente marítimo del norte que anticipa la construcción de una pileta de natación, prohibida bajo todas las normas vigentes. Recordemos que los ex concesionarios hoy permisionarios no poseen contrato ya que estos caducaron en abril del 2014 y su renovación anual aun no fue realizada.




Además de la denuncia verbal, la señora Cárdenas aportó a la Comisión de Salud y Medio Ambiente que estaba a punto de iniciar su actividad pruebas fotográficas de los movimientos de arena. Así como declaró que en el lobby del Hotel Bagu se encontraba expuesta una maqueta del balneario y la futura pileta.


Lo más descocado de esta situación, y le cabe la expresión, es que el señor Aravski había solicitado la banca del vecino en nombre de la Asociación de Concesionarios de Playa a través de una petición de su presidente, Gustavo Gorosterrazu, que fue presentada a la Comisión de Legales. Obviamente, Aravsky, al ser descubierto en su infracción no se presentó en la sesión de ayer. De la cual dicha banca del vecino formaba parte del primer punto del orden del día. En su lugar envió una nota de disculpa a los concejales.


Por otro lado la Comisión Salud y Medio Ambiente elevó un proyecto de resolución para que se proceda a través de las áreas que corresponda, a intimar al permisionario a reparar el daño ambiental y aplicar las sanciones correspondientes. Por su parte, Aravsky, incorporó al expediente su descargo con celeridad, él que fue leído en un cuarto intermedio. Las explicaciones resultaron inverosímiles sobre todo cuando se trató de plantear “un error del maquinista”.


Los ediles fueron muy duros en sus alegatos. Tomaron la palabra Dos Santos, Viotti, Ocampo y Ventoso. Germain se excusó en la participación y votación por tener relación con el denunciado.
Antes de pasar a un cuarto intermedio para modificar el proyecto con un carácter más severo respecto de los movimientos planialtimétricos en el frente marítimo de Pinamar por parte de los responsables de Cabo blanco, Ventoso tomó la palabra para dejar en claro respecto del descargo de Aravsky que era “una tomada de pelo cuando en la playa pública se realizó una excavación de dos metros de profundidad por diez de largo”.


Luego del breve receso, Martin Viotti (ProPin), fue el primero en tomar la palabra y reclamó más controles.
Una sensación predominaba entre los ediles, “el asombro”. Y Ocampo (FpV) expuso en ese sentido: “Me cuesta entender cómo se violan las leyes, cuando la ordenanza 4442, que tanto costó elaborar, prohíbe este tipo de obra. De la cual nos enteramos por una denuncia”. Y en un viro hacia la indignación agregó: “Tenemos que seguir soportando la impunidad… Los contratos de explotación precarias están vencidos y hasta que no se renueven no pueden hacer ningún tipo de obra sobre el frente marítimo”.


Ventoso retomó la palabra, fue más allá y le dijo a sus pares: “Si este persona participó de la licitación, tengamos en cuenta si está en condiciones, o no, de considerársele el otorgamiento de la adjudicación en base a su historial como concesionario”.


A continuación, Dos Santos (Kolina) exhortó: “Es lo más grave que escuche sobre un tenedor precario”. Apeló a la retención de las llaves de las UTF por parte del  Departamento Ejecutivo, “para evitar el vacío legal en el que se amparó el descargo”, al cual calificó de “lamentable”.


A riego que la reflexión pueda parecer un exceso, al señor Aravsky se lo puede considerar como un “ocupa invasor” de la UTF en cuestión que hoy, guste o no, pertenecen al Estado municipal. Con el agravante del desafió y transgresión a las leyes nacionales, provinciales y municipales. Al mismo tiempo, y no es menor, los responsable de Cabo blanco, los visibles y los no tanto, atentan contra un proceso muy delicado llevado adelante por el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo para salir del conflicto que padece la playa de Pinamar desde hace mucho, bajo la responsabilidad que les cabe a los gobiernos de Altieri y De Vito. Por otro lado para muchos es visible el interés personal del empresario por encima del bien común. Y no es el único, que al mismo tiempo crea incertidumbre sobre la credibilidad de los otros empresarios de playa nucleados en Asociación que preside el señor Gorosterrazu.