Así como ocurrió con el caso del Hospital de Pinamar, en que fui el único concejal que voto en contra de otorgar una licitación totalmente viciada en su trámite y que implicaba avalar un hecho corrupto, como quedó perfectamente demostrado y fue una de las causas de destitución del intendente, así volvió a ocurrir el viernes pasado.
Este gobierno y sus adláteres, demuestra permanentemente un tremendo desprecio por las leyes y nunca le importó cumplirlas. La destitución de Altieri no ha logrado cambiar nada (sigue presidiendo las reuniones de gabinete) en el manejo de la administración pública y bajo la batuta del concejal más joven, están dispuestos a imponer caprichos y cometer arbitrariedades en pos de sus intereses.
En la sesión con mayores contribuyentes, han impuesto un nuevo aumento de tasas (afectado o no es un aumento de tasa) para que todas las partidas de Pinamar paguen la obra de instalación de agua corriente en Ostende y Valeria.
Si bien comparto la idea de la contribución solidaria y que entre todos paguemos la instalación para aquellos que por algún motivo no pueden afrontarlo, de ninguna manera voy a avalar que el Estado le imponga tributos a los ciudadanos para pagarle la obra a quienes pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Es más, un impuesto para que se valoricen las propiedades que están afectadas a renta de verano o a vacaciones.
Todos los actuales usuarios de agua corriente la han pagado en su oportunidad.
Los funcionarios que no entienden o no quieren entender la responsabilidad que implica ¨imponer¨ y usan las facultades que les dio la ciudadanía para satisfacer sus egos o sus espúreas intenciones electoralistas, son traidores a la ciudadanía.
Disfrazan de ¨preocupación social¨ sus verdaderos objetivos de crear ¨cajas¨ y procesos de difícil control. Antes fue el Hospital, hoy es el agua corriente, obras sensibles para la comunidad y que les permite tratar de insensibles a los que se oponen.
La ordenanza aprobada el pasado viernes con la anuencia de la necesaria mayoría de concejales y mayores contribuyentes, ha violentado casi todos los procedimientos de trámite de obra pública.
Los vecinos, no pueden hacer nada, es un impuesto y tendremos que pagarlo igual que el tremendo aumento que votaron en enero.
Este accionar prepotente e impune, de alguna manera permite y hasta casi fomenta el ¨´ambito¨ necesario para la inseguridad.
Creo que la tremenda crisis institucional que vive nuestra municipalidad, sólo será revertida con masiva presencia y participación de los ciudadanos.
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