Ventoso: “ya nadie puede decir que ahí no había paradores ilegales”

 Por Mariana Dufour











Muriale “solicitó a la CALP la bajada de luz para estas construcciones clandestinas en beneficio de particulares y en desmedro del patrimonio público. Los beneficiados no pagaron un solo peso por el uso del espacio público”. La imputación involucra al presidente de la UCR, Julio Quiroga

La interpelación al intendente interino Hernán Muriale realizada el 27 de febrero a solicitud del Concejo Deliberante, dejó más dudas que certezas. Recordemos que Muriale y sus funcionarios, el entonces director de Fiscalización, Roberto Baena, y el coordinador de Playas, Enrique Arias, fueron citados para dar cuenta sobre las irregularidades administrativas denunciadas por Lucas Ventoso relacionadas con la habilitación y el control de venta ambulante en playa que el Municipio debió efectivizar durante esta temporada.

Durante el debate, el intendente interino fluctuó entre asegurar que no se había cometido ninguna irregularidad y justificar el descontrol en la playa en la crisis financiera que vivió el Municipio entre 2011 y 2012 y la falta de recursos materiales y de personal con que cuenta el área de Fiscalización. Nunca reconoció responsabilidad directa alguna ni tener conocimiento de los hechos denunciados. Sin embargo, las graves y continuas contradicciones en que el mandatario incurrió a lo largo de dos horas y media de debate, mereció una ampliación de la denuncia de Ventoso con documentación rubricada por Muriale, que corrobora su conocimiento y participación en la “habilitación ilegal de paradores en espacio publico”.



Así, el 4 de marzo, el abogado formuló ante la Fiscalía de Pinamar una ampliación de la denuncia penal “para que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, eventualmente cometido por funcionarios públicos de la municipalidad de Pinamar”. Los nombrados, una vez más, son Muriale, Baena y Arias.

Por tal motivo, el abogado requiere al Ministerio Público Fiscal “que adopte de manera inmediata todas las medidas necesarias para constatar los hechos denunciados y se oficie al HCD de Pinamar y a la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar (CALP). Ventoso aporta fotografías “que acreditan los hechos y documentos emitidos por Muriale”. Fotografías que, según informó Ventoso en conferencia de prensa, “fueron constatadas por el fiscal Calderón”. ES decir, “ya nadie puede decir que ahí no había paradores, tal como hizo descaradamente Muriale durante la interpelación en el HCD por la denuncia de trata de personas entre Bacota y UFO y al lado de Prefectura”.

Los hechos que fundamentan la denuncia se habrían cometido durante esta temporada. Tal como lo acreditan las fotografías y la documentación adjuntadas, Muriale “autorizó” la construcción “ilegal” de paradores en el espacio sin el debido y necesario aval del HCD (tal como lo exige la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM).

“Estos paradores ilegales cuentan con el servicio de luz que les proporciona la CALP” otorgado “a través de un pedido expreso del intendente Hernán Muriale. Con lo cual, resulta inviable la hipótesis de que éste no supiera de la existencia de tales puestos ilegales. El propio Muriale ha reconocido su existencia en la interpelación”. Su testimonio se encuentra registrado en las actas del organismo.

El abogado recuerda que “el Departamento Ejecutivo no tiene competencia legal para autorizar derechos de uso u ocupación de espacios públicos en el Municipio, ya que esa es una facultad exclusiva del HCD”.

La denuncia involucra al presidente de la UCR

Concretamente, explica Ventoso, “el intendente permitió el uso ilegal de espacios públicos en beneficio de particulares”. Una situación que “no parece casual ya que son empleados públicos ligados políticamente a su gestión de gobierno. Tal es el caso de Walter Quiroga, (dependiente de la Secretaría de Servicios Urbanos), cuyo padre, Julio Quiroga (presidente de la UCR) aparece como responsable en el documento emitido y firmado de puño y letra por el propio Muriale autorizando a la CALP para que baje el servicio de luz en el espacio público ocupado ilegalmente”. Es decir, “Quiroga explotó comercialmente el parador ilegal ubicado en el espacio público entre los balnearios C.R. y La Rada”. El abogado presentó ante Pionero la documentación referida.

Otro empleado municipal beneficiado es Sergio Ariel Márquez. Recordemos que durante la interpelación, quedó en evidencia que “Márquez se desempeña como inspector municipal y cobró durante los meses de diciembre y enero, 63 horas extras”. El mencionado “explotó comercialmente un puesto ubicado en Tirremes y Av. del Mar.

Fuentes de financiamiento municipal

Ventoso explica que, respecto a la posible comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, la propia LOM establece de manera expresa cuáles son los recursos y las fuentes de financiamiento de los municipios, y señala “que los permisos de uso de playas son una fuente de recursos municipales por los cuales el municipio recauda fondos públicos”.

En el caso puntual que motiva ésta denuncia penal, no sólo las autorizaciones conferidas por Muriale “fueron ilegales, sino que, además, fueron ocupaciones que no han pagado absolutamente nada al Municipio, menoscabando el patrimonio de los fondos públicos municipales, cuya administración tiene confiada por disposición expresa de la ley, el propio intendente municipal”.

Para el denunciante, “es evidente que para que se hayan podido consumar los hechos denunciados”, los funcionarios “no debieron cumplir con sus obligaciones. Es imposible que se puedan construir edificaciones balnearias en la playa de Pinamar en plena temporada sin que ningún funcionario advierta esta gravísima irregularidad”.

Esta omisión “queda a la luz al surgir los documentos oficiales por los cuales el mismo intendente solicita la bajada de luz para esos puestos ilegales en el espacio público de la playa de Pinamar a sabiendas de que tales puestos no tenían autorización del HCD para ocupar esos espacios públicos por los que el municipio no cobró su uso, perjudicando sus recursos públicos y en beneficio de los explotadores ilegales”.

Esta circunstancia se consuma con la “necesaria participación de varios funcionarios del Ejecutivo (Dirección de Fiscalización y Habilitaciones comerciales)”. En virtud de un mandato legal, esto funcionarios deben “observar administrativamente las irregularidades existentes y denunciarlas administrativa y penalmente”.

Si el intendente interino y la Dirección de Fiscalización “hubiesen actuado de manera legal, los hechos denunciados no hubiesen podido consumarse de ninguna manera”. Ventoso remarca que “fue el mismo intendente Muriale quien solicitó a CALP la bajada de luz a esos paradores clandestinos para beneficio de particulares y en desmedro del patrimonio público, ya que no hubo licitación, ni concurso de precios ni compra directa. No pagaron al municipio un solo peso por dicho uso del espacio público de playa”.

Junto a la denuncia penal, el abogado presentó prueba documental y solicitó a la fiscalía que se cite a declarar a Walter Quiroga, Julio Quiroga y Sergio Ariel Márquez. También, que se citen como testigos a los guardavidas lindantes con los paradores construidos ilegalmente.