“Es función del Ministerio Público evitar los efectos del delito”

Por María Adelina Mercur
El abogado Jorge Cicardo, integrante de la Asociación de propietarios amigos de Pinamar (AproA), amplió la denuncia en la Fiscalía de Pinamar, en el marco de la denuncia en el Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Publico (art. 248 del CP) contra funcionarios por la sanción de la ordenanza 4239/13 que permitió el aumento tributario. Y, en la declaración, planteó la inconstitucionalidad de la norma y solicitó que “se eviten los efectos del delito”.
El viernes último, se presentó en la Fiscalía de Pinamar Jorge Cicardo (vocal de AproA) y amplió la denuncia, con declaración incluida. Antes, mantuvo un dialogó algo ríspido con el fiscal Juan Pablo Calderón que derivó en la declaratoria del denunciante. La querella es parte de una seria de medidas tomadas por AproA antes y a posteriori de la promulgación de la ordenanza tributaria.

La causa contra los funcionarios del Departamento Ejecutivo y Legislativo se inició el 21 de febrero de 2013 y hasta la fecha “no habido movimiento investigativo”, según el juicio Dr. Cicardo. El abogado manifestó (en dialogo con este medio), rispidez en el encuentro mantenido con Calderón, “en el cual el fiscal intentó justificar la inacción”. Se mostró respetuoso del funcionario y propuso no develar detalles de la conversación. Pero sí se refirió al criterio que sostuvo la Fiscalía de manera verbal y que AproA no comparte. “Para que la causa prospere existiría la necesidad del pronunciamiento de jueces de extraña jurisdicción, es decir, de jueces no penales” indicó Cicardo.



Con más de 35 años en el ejercicio profesional del Derecho Penal, entendió que los criterios sustentados por Calderón son incorrectos. En medio de la “acalorada conversación”, el fiscal sugirió a Cicardo que prestara una declaración para fundamentar su argumento. El abogado aceptó gustosamente la proposición, por la cual se añadió a la ampliación de la denuncia, la declaración.


AproA defiende los derechos de toda la comunidad de Pinamar y pretende que se respete los derechos de esa comunidad. “El sentido de la presencia del integrante de AproA en la fiscalía fue la de aportar un elemento más para dar claridad al ilícito que se le endilga  a los funcionarios en el proyecto y la posterior sanción de la ordenanza que permitió el aumento que ellos llaman tasas y, en definitiva, es un tributo municipal”.
 Para AproA los funcionarios imputados dictaron resoluciones contrarias a la Ley Nacional Nº 23928 que, en su Articulo 10, prohíbe la indexación. Y aportaron como nuevo elemento, la violación de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El Artículo Nº 193, inciso 2,  requiere para la aprobación de aumento de tasas la mayoría absoluta. Recordemos que la cuestionada Asamblea de Concejales y Mayores y Contribuyentes, sobre un total de once legisladores, nueve votaron a favor de la norma y dos en contra. Por lo cual, para Cicardo, “han hecho tabla rasa con la prohibición de indexación y con la exigencia constitucional de la mayoría absoluta”.

El otro elemento clave presentado es un dictamen del año 2000 de la Asesoría Legal de Gobierno que ratifica la interpretación dada a la norma constitucional violada.


Cicardo consideró que “es función del Ministerio Público evitar los efectos del delito”. Por tal motivo, en la declaración realizada dejó constancia de la premisa y declaró que “los elementos y razonamientos aunados a esta actuación son suficiente para que se proceda al llamado a prestar declaración indagatoria, por lo menos, a los imputados individualizados hasta el momento…”


Paralelamente, el integrante de AproA reflexionó: “El fiscal está sobrepasado de trabajo, es comprensible. Pero no se necesita mucha lupa. De la lectura de los instrumentos públicos salta el delito. El tema es de gravedad institucional y está en juego la valoración de las instituciones y el comportamiento delictual de algunos funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales y mayores contribuyentes que sancionaron esta ordenanza. Tiene que haber actividad investigativa. Si no es así, pensaremos lo que piensan todos: en Pinamar no pasa nada”