Por Mariana Dufour / El pasado 18 de enero, el abogado Lucas Ventoso presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Pinamar para que se investigue “la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, trata de personas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público eventualmente cometido por funcionarios públicos de la municipalidad de Pinamar”.
Ventoso mencionaba al Intendente interino, Hernán Muriale, al director de Fiscalización de Pinamar, Roberto Baena, y al coordinar de Playa, Enrique Arias. También figuraban como responsables de la situación, las autoridades policiales que, según el letrado, “han omitido de manera deliberada su deber legal de control para permitir la consumación de los hechos”.
Los acontecimientos que fundamentan la denuncia se inician en diciembre de 2012 “con el reclutamiento de la mano de obra (vendedores ambulantes) provenientes del conurbano bonaerense. Muchos de ellos, menores”, explica Ventoso y aclara que las casillas, donde los trabajadores vivían hacinados, carecen de energía eléctrica, agua y baños. “Uno de los vendedores me manifestó que fue traído hasta aquí mediante engaño, ya que ninguno de ellos sabía que iban a vivir en una casilla como ésa, ´yo soy un mulo´, -me dijo, ´tengo que dormir donde sea…´” expone el abogado en su denuncia.
En su presentación judicial, el abogado denunciante alertaba sobre el peligro que corrían las personas que dormían hacinadas en las casillas: al carecer de luz eléctrica, la iluminación era a vela con el consiguiente riesgo de incendio que esto implicaba. Y advirtió a la Fiscalía, que “había una madre con un bebé de meses en un canasto dentro de la casilla”.
Por todo esto, el denunciante requirió al Ministerio Público Fiscal que “se adopten todas las medidas necesarias para preservar la integridad de las víctimas explotadas”. El fiscal procedió de a ordenar los allanamientos de las casillas que pertenecen al Coordinador de Playas Municipal, Enrique Arias, y al ex funcionario de Roberto Porretti, Martin Cigarreta, luego de la intervención de la prensa.
Hoy, diversos organismos nacionales y provinciales relacionados con la atención a las víctimas damnificadas por el delito de trata de personas, están atentas a lo que está sucediendo en Pinamar. Todo indica que las presentaciones judiciales se irán agravando con el paso de los días.
AgePeBA consultó a autoridades policiales locales sobre las razones por las cuales los agentes policiales que recorren el Partido no detectaron estas casillas clandestinas pero que están a la vista de quien quiera ver. La respuesta fue que nunca recibieron una denuncia o comunicación. “Nosotros hacemos la prevención pero por hechos puntuales que son los asaltos a familias y que logramos tener solo tres en todo enero. Y tratamos de reducir al mínimo la modalidad de escruche”.
Ante la insistencia sobre la responsabilidad y el proceder de la policía ante estos hechos que se consuman a la vista de todos, la respuesta fue que el la autoridad municipal es la que debe fiscalizar los permisos para vender, los contratos de trabajo, habilitaciones, etc. “El Ministerio de Trabajo estuvo todo el mes, algo tendrían que haber visto”. Y aclararon que la política de la institución con respecto a la playa es dejar que lo haga el Municipio. “Nosotros no bajamos a la playa. La orden siempre fue no bajar a la playa. No hay nada para hacer en la playa”.
La versión de Cigarreta
El portal informativo de Adelina Mercuri, PinamarInfo, informa que Martin Cigarreta se hizo presente en el momento del allanamiento para exhibir los permisos que lo habilitan a vender en la paya los helados Frigor desde el muelle de Pinamar hacia el Sur con nueve vendedores a su cargo. Según Cigarreta, él nada tiene que ver con la trata de personas y que sus vendedores “son los de siempre”.
Sin que ningún responsable se hiciera presente, los efectivos policiales también allanaron la casilla de madera donde hallaron colchones, los mismos que se pueden observar en las fotos presentadas por Ventoso. Según Cigarreta, quienes habitaban esa casilla no eran oriundos de Pinamar. La casilla fue clausurada y, hasta el momento, no ha aparecido su responsable.
La otra casilla, ubicada entre los balnearios Bacota y UFO Point,
no habría sido allanado por los efectivos pero, una vez publicada la nota, fue inmediatamente desmantelada. Tarde llegó la Justicia: sin embargo, la documentación fotográfica muestra claros indicios de que allí vivían personas hacinadas.
Cabe preguntarse por qué la Justicia necesita de una nota periodística para actuar. Tal como lo señala Ventoso, la medida judicial requería de premura ya que la temporada se va pronto y con ella, todas las pruebas de lo denunciado. Así, el riesgo de que esta situación se repita, una vez más el año próximo, se potencian.
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