“¿Por qué existe la trata? Porque hay tanta demanda de estos cuerpos que ni siquiera la oferta de prostitución la colma”.

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, ADOLESCENTES y MUJERES

La Jueza de Paz de Villa Gesell, Graciela Jofre, denunció que los responsables del negocio “más grande a nivel mundial, siguen impunes”. La situación en Pinamar.

Por Mariana Dufour
La Convención sobre los Derechos del Niño indica que los poderes públicos tienen la obligación de asegurar la protección integral de los niños y adolescentes. Sin embargo, en Villa Gesell, Pinamar y Madariaga pareciera no ser tan así. Semanas atrás, la Jueza de Paz, Graciela Jofre, aseguró que “en Villa Gesell hay explotación sexual de niños. Pero los agresores siguen impunes”.
La jueza reveló que la explotación sexual comercial de niños y mujeres es uno de los mayores negocios del mundo: “Los cuerpos de miles de niños, adolescentes y mujeres son explotados y consumidos sexualmente ayer, hoy y mañana. ¿Por qué existe la trata? Porque hay tanta demanda de estos cuerpos que ni siquiera la oferta de prostitución la colma”.



El negocio más grande del mundo
Días atrás, Villa Gesell fue sede de una jornada de debate sobre esta temática que preocupa a muchos pero que ocupa a pocos. El encuentro fue organizado por la  RATT Argentina Línea fundadora (Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata), junto al Grupo Ser Mujer.
Participaron de los debates, Daniel Adler, Fiscal General ante la Camara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Fernando Mao, coordinador de la RATT MERCOSUR, la Jueza Graciela Jofre, entre otros.
Durante el encuentro, los disertantes se refirieron “al negocio más grande del mundo” y a la necesaria complicidad de las máximas autoridades para garantizar su ejercicio impune: “Es muy difícil que un prostíbulo pueda funcionar sin la complicidad de la Policía. También son cómplices políticos, jueces, funcionarios, etc.” dijo Adler. Y consideró que la prevención de la trata es una labor “que nos abarca a todos porque es una tarea cultural”.
En referencia a la investigación sobre una posible red de pedofilia en Villa Gesell, el juez consideró que la comunidad muestra “tolerancia a la explotación de los niños y las niñas traídos a la Costa. Y los medios de comunicación han jugado un rol nada inocente en esto. Debemos sancionar a quienes explotan la prostitución ajena”.

La situación en Pinamar
En 2010, el entonces fiscal Cristian Centurión, titular de la Unidad Fiscal Nº 1 de Pinamar, tomó una primera y mediática medida: allanar los cabarets que funcionaban en General Madariaga, es decir, al otro lado de la ruta de los selectos balnearios de Pinamar y Villa Gesell. Una acción que, lejos de terminar con “el negocio de la prostitución ajena”, lo fomentó.
Como era de esperar, luego del cierre de los cabarets, la explotación sexual de las mujeres fue trasladada a casas particulares ubicadas en Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Villa Gesell. Una actividad que, como ya lo señaló Adler, debe contar con el necesario resguardo de la policía y los políticos para funcionar.
La primera señal pública de esta “nueva modalidad” de explotación sexual la dio el rescate de una adolescente formoseña que había sido secuestrada en Retiro y obligada a prostituirse en una casa de Valeria del Mar. El rescate se logró gracias a la denuncia que hizo el hermano de la niña tras recibir un mensaje de texto. De no haber sido así, es probable que la niña nunca hubiera hallado salida.
En su momento, intentando salvar su cuestionada labor y su comprometido futuro, Centurión aseguró a la prensa: “Yo cerré los 6 o 7 cabarets de Madariaga… pero nunca estuve informado de que hubiera privados o burdeles en Valeria y Ostende. No nos enteramos de oficio, ni nadie los vino a denunciar si es que están”.
Cabe aclarar que, en ese entonces, ya habían sido concretadas las denuncias pertinentes por el Foro RATT Villa Gesell a cargo de la ONG Ser Mujer. La entidad advertía al Poder Ejecutivo y Judicial local sobre la existencia de esta red de trata. Y, sobre el caso de la niña formoseña, señalaron: “Nos llama la atención que se tipifique la causa por Infracción al Articulo 125 bis del Código Penal que pena la promoción a la prostitución agravada de menores y no por la Ley Nº 26.364” denominada  Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus victimas.
Esta normativa señala claramente que se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte dentro o fuera del país, de personas menores de 18 años de edad, con fines de explotación. Y determina que “existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción”, etc.
En su momento, los investigadores plantearon que la adolescente formoseña había sido víctima de una red de trata. Sin embargo, en Pinamar, nunca más se informó sobre el tema…
Poco tiempo después, Centurión fue removido de su cargo por la Procuradora General de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, por ser blanco de graves denuncias como convalidar procedimientos ilegales, extorsionar a políticos y a empresarios con el armado de causas ficticias, tráfico de drogas, habitar la vivienda de un “conocido” narco de Pinamar a cambio de protección, tener una llamativa cercanía con el entonces Comisario Claudio Arnouk de la DDI de Villa Gesell (hoy en prisión preventiva por el homicidio de una persona en Valeria del Mar, Andrés Osvaldo Lezcano, tras un operativo armado por la policía), etc.
En manos de este fiscal estuvo la decisión de “cerrar” los cabarets de Madariaga. Sobre él recaía, también, la investigación sobre tráfico de estupefacientes y los delitos de trata de personas. Un tema que aún hoy continúa desinteresando a las autoridades de la región.

La complicidad del desconocimiento
El desconocimiento social sobre cómo funciona este macabro negocio es parte responsable de la impunidad de la que goza. Una estrategia nada inocente que garantiza protección a los delincuentes.
Como expresó el psicólogo Jorge Garaventa, “siempre es tarde si un niño o un niña han sido abusados sexualmente, pero mas tarde será aún si el abuso transita por el silencio cómplice o culposo, la impunidad y la revictimización”. Un silencio del que los periodistas y comunicadores también somos responsables de quebrar.