Por Mariana Dufour
Raquel Almonacid es directora de Administración de Obras Públicas, dependerte de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Proyectos, a cargo de Alberto Canissa, y responsable de la nota que fuera enviada a éste el 21 de agosto sobre el posible derrame de combustible de uno de los tanques de la estación de servicio YPF de Pinamar, operada por Opessa.
La funcionaria tomó conocimiento del tema a mediados de agosto, debido a la solicitud realizada por la empresa consultora de YPF, BFU Argentina SA a las autoridades de la CALP para volcar a la red cloacal el agua el resultante del proceso de remediación o purificación de suelo contaminado.
El informe de Bravo Almonacid es contundente y señala la gravedad de la situación. “Dada la evidencia de daño ambiental de magnitud que requiere medidas urgentes”, la funcionaria sugiere concretar evaluaciones inmediatas. Y explica que, cuando la pérdida de combustible se manifiesta por filtración en terreno propio o vecino, la empresa comercializadora debe tomar “en forma inmediata” las medidas tendientes a superar la causa que la producen.
Entre otros considerandos, el escrito de Bravo Almonacid destaca que la empresa debería haber informado al Cuerpo de Bomberos “por la amenaza cierta que constituye y para asegurar que la pérdida o derrame no cause riesgo a la salud y a la seguridad de las personas”. La arquitecta, especializada en temas ambientales, destaca la particularidad de nuestro suelo arenoso que “no tiene capacidad de filtrado”. Ante el riesgo de contaminación, la funcionaria señala que el cuidado del agua “se constituye en estratégico para garantizar el desarrollo sustentable de esta Comuna”.
Así las cosas, el 21 de agosto, Bravo Almonacid reclama mediante este escrito un informe de impacto ambiental elaborado por la empresa y la Secretaría de Energía que precise el daño sufrido al momento de haberse detectado el derrame y del impacto ambiental que se ha producido con la filtración de nafta al acuífero.
La directora remarca un dato que resulta preocupante: la Consultora Ambiental BFU, es una propuesta de remediación “que carece del aval de la titular de la Estación de Servicio y del reconocimiento y aceptación por parte de la Secretaria de Energía como válido”. Y considera que la empresa tampoco “se ocupó con la celeridad que requieren las normas de cesar la actividad, demostrar y definir la fuente de contaminación y validar el plan de contingencia propuesto”. De la propuesta de BFU “se desprende que se han hecho pozos de reconocimiento donde se ha comprobado la presencia de hidrocarburos en el acuífero”.
Una filtración que podría tener más de diez años
Según el monitoreo permanente realizados por la Universidad Nacional de Tucumán, las cañerías y los tanques de la estación de servicio están sellados y no tienen pérdida.
Es importante recordar que esta estación de servicio funcionaba, hace más de diez años, frente al Casino y la Comisaría de Pinamar. Es allí donde surgen nuevas preguntas e hipótesis que fueron plasmados por Almonacid que, por lo menos, llaman a la preocupación: “En el informe de la Consultora, sin haber realizado perforaciones fuera del ámbito de la parcela actual, se descarta que se trate de un pasivo ambiental producto de la instalación anterior”. Sin embargo, aclara la funcionaria, “esta Dirección no cuenta con antecedentes de inspección respecto de cierre definitivo de la actividad subterránea, los estudios y monitoreos ambientales y las acciones correctivas pertinentes una vez paralizada la actividad endilgo predio (Ordenanza 1819/96).
Es decir, según el escrito de Almonacid, es posible que la contaminación por hidrocarburos provenga de este lugar y de aquel tiempo. De ahí la importancia del estudio esperado por Ecología que brindaría datos sobre la antigüedad de esta “mancha de nafta”.
¿Peor el remedio que la enfermedad?
La funcionaria explica que, si bien debe iniciarse un plan de remediación urgente, “resulta extraño que, sin haber dimensionado la pluma de contaminación, ni de definir la fuente, el mismo esté sujeto a bombeo del acuífero subterráneo por un año”. Esto resultará una pérdida de agua “de magnitudes insospechadas” que, además, “comprometerá seriamente” el área donde ésta se deposite, ya que nada garantiza su total potabilidad. El área de destino aun no está definida.
Luego de una serie de considerandos, Bravo Almonacid opina que, “a todas luces, parece que la titular de la firma ha actuado de manera tardía dado que, al momento de verificar dicha circunstancia hasta la fecha (21 de agosto), no ha tomado medidas de contingencia, no se sabe si ha notificado de los hechos a la Autoridad de Aplicación, no ha tomado medidas efectivas para que no se produzcan extracciones en pozos vecinos para evitar el desplazamiento de la pluma de contaminación, exponiendo a la salud pública”.
“Debemos profundizar la cadena de responsabilidades”
En su informe, la directora de Administración de Obras Públicas considera “que nos encontramos frente a la suposición de un daño ambiental irreversible y generacional”. En el marco de las leyes, “debemos profundizar la cadena de responsabilidades para descubrir supuestos actos de negligencia, impericia o inobservancia de las normativas vigentes (…)”.
Por lo tanto, “esta Dirección sugiere tomar medidas inmediatas, dar lugar a la Asesoría Letrada y al área de Ecología, y que se notifique a los responsables de la firma y a la Secretaría del Agua”. También “que la cooperativa tome las medidas de precaución relacionadas a no propagar la pluma de contaminación cerrando los pozos de extracción linderos, dar lugar a la Policía Federal para que tomen conocimiento del daño ambiental efectuado, dar intervención a la ADA y al OPDS por tratarse de recursos de su competencia”.
Seis días después de este documento que fuera remitido a la asesora letrada municipal, María Julia Fasanella, el expediente incorporó 28 fojas que incluyen informes técnicos que insisten en señalar la hermeticidad de los tanques subterráneos pero ninguno desmiente la presencia de nafta en el suelo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario