Por Mariana Dufour
En 2010, el abogado y asesor legislativo Lucas Ventoso presentó una
denuncia que alude al hoy intendente interino, Hernán Muriale, y a otros
funcionarios del gabinete de Blas Altieri como posibles partícipes de una
“irregular” contratación de un trabajador para la concreción de una obra vial en Valeria del Mar. La investigación penal preparatoria está
caratulada “Posible comisión de delito de acción pública” y se tramita en la
Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 de Dolores.
Consultado por Pionero, el abogado explicó que “en la temporada del 2009,
un obrero (Abel Andrés Padilla) f ue contratado para hacer veredas con fondos
públicos de la Municipalidad por funcionarios municipales”. Al trabajador “le
dicen que se haga proveedor municipal para tomar la obra y le hacen la
inscripción, que él nunca firma. Los funcionarios le mandan a imprimir
talonarios de factura y le adjudican una obra de $144.000. El trabajador cobra
$2.000 por la obra y el resto de la plata se la quedan los funcionarios”.
Ventoso dijo que a Padilla le habrían fraguado la firma en casi todo el
expediente. Fruto de la exagerada cifra que presentaban sus facturas, “le cayó
la AFIP. Sin embargo, él nunca había facturado en su vida”.
Por esto, el agente fiscal de
Dolores, Gustavo David García, solicitó una pericia caligráfica sobre el acta
de apertura, órdenes de compra, certificados de obra, factura, recibos de
pagos, etc., del expediente Nº 2670/06, con el objeto de establecer si las
firmas insertas en estos documentos atribuidos a Padilla pertenecen al ex jefe
de División y Compras y hoy intendente interino, Hernán Muriale; al ex
inspector municipal, Mario Ugartemendía; al ex jefe de Compras y hoy director
de Habilitaciones, Víctor Batelli; al contador municipal, Carlos León; al secretario
de Hacienda, Juan Carlos Figueredo; y al ex director de Administración
Municipal (hoy fallecido), Luis María Bellini.
García solicitó, también, los
movimientos de la cuenta de la Municipalidad de Pinamar entre diciembre de 2006
y marzo de 2007.
Un informe elaborado por el Concejo
Deliberante de Pinamar el año pasado y aprobado bajo Decreto Nº 2184/11,
considera que “parte de los hechos denunciados e investigados se han
corroborado por el Poder Judicial, a través de las pericias técnicas efectuadas
por peritos oficiales pertenecientes al Ministerio Público Fiscal del
Departamento Judicial de Dolores, generando, así, responsabilidad legal
administrativa en los funcionarios públicos abarcados por la investigación
penal (…)”.
Consultado sobre la denuncia,
Muriale dijo a Pionero que los funcionarios nombrados se presentaron a la
Justicia e hicieron los peritajes caligráficos. “Estamos esperando que la
Justicia diga lo que tenga que decir”.
Una más para Muriale
Recordemos que el hombre de confianza de Altieri estaría involucrado en la
causa abierta por la obra de ampliación del Hospital Comunitario de Pinamar,
calificada de “monumento a la corrupción” por Ventoso. En su momento, el expediente
de esta obra fue secuestrado por el Poder Judicial, a pedido del Ministerio
Público de la Nación, “debido a gravísimas irregularidades”.
Por ejemplo, según Ventoso, la
empresa que obtuvo la licitación, Sociedad Ing. Abruzzesse Asociados SRL, “no
estaba inscripta en el registro de constructores de obras públicas”. Sin
embargo, la Comisión de Apertura, “compuesta por Hernán Muriale, director de
Contrataciones, Federico Panzieri, director de Hacienda, y Omar Curto,
Secretario de Salud”, aprobó la adjudicación. Por esto, “los funcionarios
fueron denunciados como coautores del delito de defraudación y/o estafa y como
integrantes de una asociación ilícita”.
Muriale explicó a Pionero que “se
trató de una obra que insumió cinco millones y pico de pesos: cuatro millones
los puso la Provincia y el resto, el Municipio. No son veinte millones, como se
dice. La calidad de la obra demuestra cómo se ha trabajado”.
En relación al falso título de
ingeniero de Luis Abruzzesse, Muriale aseguró: “No se le otorgó la obra a un
ingeniero sino a una empresa que se llama Ing. Abruzzesse SRL. En ningún lugar
del pliego decía que tenía que haber un ingeniero. (…) Abruzzesse fue designado
como socio gerente, no como ingeniero. Está comprobado en el expediente que es
maestro mayor de obra. No es lo mismo pero, para llevar adelante esa obra, no
hace falta un ingeniero”.
Muriale aclaró que, por problemas de
salud de Abruzzesse, “su esposa y (su empleado) Guillermo Herrera, tuvieron que
ponerse la obra al hombro”. Recordemos que Ventoso declaró que, según consta
“en foja 526, se pagó un certificado de $935.587 a Guillermo Herrera”. Una
apersona que, “administrativamente, es un desconocido para el Municipio”.
Segundos después, y contradiciendo
su propia opinión, Muriale dijo a Pionero: “Cuando Abruzzesse se auto-designa
responsable, nosotros le decimos que hay que poner a un profesional en serio
porque es una obra de envergadura importante. Y ahí aparece Mario Bernardini”.
La versión de Ventoso es muy
distinta: “A fojas 479, 480 y 481, cuando Abruzzesse desaparece de la escena,
luego de que se hace pública la usurpación de título, aparece un ingeniero que
lo reemplaza, Mario J. Bernardini”, quien firmó ante el Colegio de Ingenieros
como profesional responsable. Cuando designaron a Bernardini, lo hicieron
timbrar en el colegio: “Realizaron el proceso administrativo correcto. Con
Abruzzesse, curiosamente, no lo hicieron porque sabían que no es
ingeniero”.
Finalmente, Muriale recordó que “esa
oferta fue aprobada por nueve de los diez concejales. Ellos fueron parte de esa
adjudicación. El único que votó en contra fue Vidauli”.
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