El secretario de Servicios Urbanos, beneficiado con las viviendas sociales construidas con dinero de la Provincia, lejos de alejarse del gabinete en señal de pudor, continúa ejerciendo un alto cargo municipal. Por este mismo hecho, Leandro Reverón, yerno de Altieri, fue relevado de la titularidad de la sede local de la Anses.
El 10 de julio, Blas Altieri fue destituido por decisión del Concejo Deliberante luego del Informe Final elaborado por la Comisión Investigadora, que contenía 31 puntos considerados “graves” y que motivaron la decisión de los ediles.
Hoy, Altieri está destituido. Sin embargo, al leer el Informe Final se puede concluir que los hechos por las cuales el HCD tomó la decisión no fueron ejecutados en soledad por el ex mandatario. Algunos funcionarios son referenciados en estos puntos. Lo mismo sucede en las denuncias presentadas por el abogado Lucas Ventosos que, lentamente, dan señales de avanzar hacia su esclarecimiento.
Uno de los hombres de Altieri nombrados es el actual secretario de Servicios Urbanos y ex secretario de Acción Social, Alberto Morales. Un funcionario que, lejos de mostrar pudor o reparo ante hechos denunciados y demostrados, continúa ejerciendo funciones públicas sin revelar reparo o pudor alguno.
Una conducta que parece repetirse “en la familia”: luego de los hechos ocurridos, Leandro Reverón, yerno de Altieri y beneficiado con una de las viviendas sociales de la Provincia, tampoco renunció a la titularidad de la Anses local. Ante la falta de escrúpulos, fue la máxima jerarquía del organismo, Diego Bossio, quien debió tomar la decisión de apartarlo.
Viviendas usurpadas a sus adjudicatarios legítimos
Uno de los temas más graves del Informe Final se refiere a la construcción del ya famoso complejo habitacional destinado a las familias más necesitadas de Pinamar. Estas viviendas, no solo no fueron construidas bajo los parámetros exigidos por la Provincia sino que fueron otorgadas por el intendente a sus hijas y a hijos de funcionarios como Morales.
Hace seis meses, mediante cédula oficial, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires ordenó el desalojo de 23 de las 25 viviendas. Dos de ellas están siendo ocupadas por hijos de Morales, Maximiliano Juan Morales y Gastón Ismael Morales.
A esta grave situación se suma la advertencia que hiciera Ventoso en su momento: “Varios de estos adjudicatarios compraron las propiedades de buena fe, desconociendo los irregulares manejos de los que estaban siendo víctimas”. Es decir, el entonces empleado del Banco Provincia y, luego, secretario de Acción Social, “Beto” Morales, “además de beneficiar a sus hijos, vendía las viviendas sin aclarar que no eran comerciales y que habían recibido de Provincia dos millones de dólares”.
150 familias aún esperan por sus viviendas
Los funcionarios públicos son depositarios de la confianza de la comunidad y su obligación es cuidar de los intereses públicos. Sin embargo, Morales, lejos de denunciar el hecho visiblemente irregular del que estaba siendo testigo en 2000, aprovechó su cargo y su condición de hombre de confianza del intendente para aprovecharse de un beneficio claramente pensado para las familias que no solo carecen de vivienda sino de las posibilidades de acceder a una.
Si tenemos en cuenta que el funcionario en cuestión fue secretario de Acción Social, área marcadamente sensible a las problemáticas y requerimientos de las familias más humildes de Pinamar, resulta por lo menos intolerable que sus hijos hayan gozado y gocen aún de estos beneficios. Beneficios que le corresponden a las familias que hoy se ven obligadas a vivir en casas precarias porque Morales participó de un hecho que el Instituto de la Vivienda ya ha demostrado que no es correcto.
¿Qué más hace falta para indignarse?
Sin embargo, dada la realidad que a esta comunidad le toca vivir en relación a los actos de sus gobernantes y funcionarios, lo que más sorprende no es la actitud de Morales o de Altieri y sus hijos sino la pasividad con que la sociedad pinamarense acepta que esta injusticia se siga cometiendo. ¿Qué más necesita para indignarse y salir a la calle a exigir la devolución de esas viviendas?
¿Cuánto más frío y desamparo es capaz de soportar esta comunidad que ve impávida cómo las hijas del intendente y de su funcionario duermen bajo el abrigo de estas casas que no les corresponden mientras tantas familias duermen, trabajan, estudian y acunan hijos envueltos en el frío?
¿Qué espera la comunidad de Pinamar para exigir la renuncia de este funcionario que, mientras fue secretario de Acción Social, se atrevió a amenazar a las familias de La Palangana con pasar por encima de sus casas con las topadoras? A esas mismas familias a las que, seguramente, les corresponde acceder a una de las 150 viviendas habitadas hoy por sus hijos.
“¿Por qué están tan mal repartidas las cosas?”, preguntó una vecina de Ostende, madre de tres hijos. Y, con la claridad de la que gozan los trabajadores, respondió: “Acá estamos en un lugar de terratenientes. ¡Hay demasiado acomodo porque son los hijos de Menganito y Zutanito! Acá son todos hijos de…”.
Está en manos de la ciudadanía modificar esta realidad.
FUENTE SEMENARIO PIONERO
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