Separan de su cargo al yerno de Altieri

(La Nación)Leandro Alfredo Reverón, el funcionario de la Anses en Pinamar y yerno del destituido intendente Blas Altieri, que habitaba una vivienda social en un complejo construido hace una década con fondos de la gobernación bonaerense, fue separado del cargo.
Voceros de la dependencia conducida por Diego Bossio informaron a La Nacion que el ahora ex jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) fue reemplazado por la empleada de carrera Gabriela Echevarría. Fuentes oficiales indicaron que, si bien el funcionario fue removido, conservará un empleo en la Anses.

Tras las denuncias de irregularidades en la adjudicación de la unidad N° 4, el Instituto de la Vivienda provincial (IVBA) había ordenado desalojar el inmueble
Reverón está casado con Elena María Altieri, hija del destituido intendente Blas Altieri, y ocupan la casa N° 4 del complejo.
Según informaron los voceros, Reverón había renunciado hace tres meses. Sin embargo, siguió al frente de la oficina de la Anses y su separación efectiva se concretó esta semana, mediante una resolución dictada el 9 de agosto pasado, luego de que LA NACION comenzó a indagar acerca de su relación con las casas.



En marzo, el IVBA había detectado irregularidades en el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación, como la falta de ocupación real y efectiva, la existencia de bienes en cabeza de los beneficiarios y falsedad en declaraciones juradas. Así consta en la resolución N° 1099, firmada por el entonces titular del organismo, Gustavo Aguilera, quien ordenó "desadjudicar" a 22 de los 25 beneficiarios del complejo. Según explicaron en el IVBA, la medida obedece a que nunca se concretó el cambio de dominio a favor de los beneficiados ni se otorgó el final de obra.
Pese a que la decisión del Instituto de la Vivienda implica el desalojo, la medida está aún en suspenso, ya que varios de los afectados interpusieron recursos administrativos y judiciales para impedir el desalojo.
Hace tres semanas, el abogado de la Fiscalía de estado provincial, Enrique García Urcola, desestimó el planteo de varios adjudicatarios objetados que rechazaron la decisión del IVBA. El organismo ahora debe notificar esa decisión y dar por cerrado el trámite administrativo.

Varios entredichos previos habrían provocado la remoción de Aguilera, quien hace poco más de un mes fue reemplazado por Pablo Sarlo. Voceros del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos dijeron a LA NACION que "no hay plazos" para ejecutar la resolución que supone el desalojo de las viviendas y, eventualmente, un nuevo proceso de adjudicación.

En su dictamen, Aguilera tuvo en cuenta una causa penal iniciada hace dos años en Mar del Plata, en la que se acusa a Altieri de constituir una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Del expediente surge que los apoderados de la Fundación Eco-Pinar, encargada de la construcción y hoy desmembrada, eran Carlos Eduardo Oricchio y Luis Abruzzese, ambos con lazos comerciales con el ex jefe comunal.

El fiscal Pizzo ordenó, hace dos semanas, allanar la casa y el corralón de propiedad de Altieri de donde secuestraron documentos y una PC.