Arq. Raquel C. Bravo Almonacid
Es frecuente la ocasión, de tropezar ante cercos, barreras, hasta la circunstancia humillante de ser tratado como un intruso en nuestra propia ciudad.
Con el riesgo de habernos acostumbrado, nos preguntamos alguna vez: ¿qué derechos nos diferencian a unos y otros a transitar libremente frente a nuestros domicilios?
Nos referimos a esos espacios residenciales cerrados, llamados de diferentes formas, urbanizaciones privadas, fraccionamientos, barrios cerrados, enclaves, countries, etc. que surgieron con vehemencia en los ´90, donde en su generalidad existe un solo acceso, un cerco perimetral, personal de vigilancia con barreras y calles internas.
Diversos ejemplos se han materializado en el Partido de Pinamar. Muchos de ellos no son más que multifamiliares en parcelas privadas, pero otros, en circunstancias bien toleradas por las autoridades municipales, han privatizado el espacio público, haciendo uso segregativo de la calle cedida al uso público por medio de barreras y del accionar de agentes de seguridad privada, impidiendo transitar libremente por calles de la ciudad, en defensa exclusiva de los intereses particulares por sobre los generales.
Impulsados por promotores inmobiliarios y por profesionales de la construcción, como oferta diferente en el mercado turístico pinamarense, han permitido diversificar y en consecuencia, enriquecer, las oportunidades comerciales del Partido, basados en un nivel de aceptación aparente y de satisfacción de muchos usuarios que promueven una segregación voluntaria.
Estas formas de urbanizaciones cerradas no se tratan de objetos aislados en si, se deben a procesos complejos económicos y sociales, y se sostienen en gran medida, por la búsqueda permanente de la sociedad de diferenciación, de prestigio y de la materialización de un paraíso de seguridad artificial y no eficaz como se ha demostrado en diversas oportunidades. Seguridad y privatización, conceptos que ha sido argumentos permanentes siendo el primero, el pretexto del segundo.
Escasas han sido las oportunidades de encontrarnos ante análisis serios sobre este fenómeno que involucra a nuestra sociedad pinamarense, y que debe ser analizado en el presente para reconocer las lógicas del poder que lo animan.
Esta circunstancia tolerada y sumida en la indiferencia, conlleva a que parte de la sociedad renuncie a regirse por principios de equidad, profundiza la brecha del individualismo, la segregación y la fragmentación del espacio urbano.
Se sabe que la calidad de la ciudad depende de la calidad de las relaciones de sus habitantes. Relaciones, en las que debe predominar la solidaridad, la civilidad en la convivencia democrática, la apertura, el fortalecimiento de los vínculos y la conformación de espacios públicos que permitan el encuentro social, el contacto y la diversidad.
Por lo tanto, su diseño constituye un gran desafío ético que atañe directamente al rol del poder público, pero también al compromiso social, a la actividad inmobiliaria y particularmente a los profesionales de la arquitectura, de la ingeniería de la agrimensura que conciben este producto, en desmedro de la pluralidad de la vida urbana, que refiere todo ámbito democrático.
