Por Mariana Dufour
Durante su larga gestión, el
intendente de Pinamar se jactó de ser menemista y amigo del empresario
Alfredo Yabrán, responsable del asesinato de José Luis Cabezas. Hasta
hace poco tiempo, el ex intendente estaba alineado al diputado Felipe Solá.
“Con Felipe estamos construyendo en espacio para el 2011 para ser presidente”
dijo a la prensa y planteó varias diferencias con los Kirtchner: “No hay
política social ni de salud. No hay una política de seguridad. Tampoco nos
gusta el unicato que estamos viviendo. Hoy no hay libertad de opinión en el peronismo.
Estamos hablando de una reforma política importante”.
Olvidando lo declarado y
ansioso por encontrar un apoyo que pareciera no llegar, hoy busca la foto junto
al vice gobernador Gabriel Mariotto. Por ahora, su ”amigo personal”, Daniel Scioli, parece
no aflojar su mano.
Ante la suspensión de Blas Antonio
Altieri decidida por la Comisión Investigadora , el jefe comunal presentó
ante la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires un recurso de amparo por conflicto de poderes. Se trata de un trámite
que suele llevar varios días. Sin embargo, el organismo tuvo en horas el
despacho presto solicitando al HCD la presentación de copias certificadas del expediente elaborado por la Comisión Investigadora
que tiene al mandatario al borde de la destitución.
El lunes 11 por la mañana, el intendente
en persona entregó la cédula firmada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia
bonaerense, Eduardo Néstor de Lázzari, al
HCD. Una agilidad administrativa que no deja de llamar la atención.
Recordemos que el abogado
patrocinante de Altieri es su amigo, socio y ex asesor letrado del Municipio, Carlos
Oricchio.
De otros tiempos que continúan
Carlos Oricchio fue,
durante la gobernación de Eduardo Duahlde, director del Servicio Penitenciario
bonaerense. Eduardo De Lazzari, duhaldista de la primera hora, se desempeñó
como Ministro de Seguridad. Entre Oricchio y De Lazzari existe una larga labor
compartida en un tema tan sensible como es la seguridad bajo la administración
de un gobernador afín, política e ideológicamente, al ya entonces intendente
Blas Altieri, auto declamado amigo personal del entonces presidente Carlos
Menem.
Duhalde es un
personaje político que ha dejado una marca indeleble en Pinamar: a días del
asesinato del fotógrafo, el Gobernador declaró: “Ese cadáver me lo tiraron a mí”.
“El cadáver” había aparecido a ochenta metros
de su casa que, como bien explicó José Pablo Feinmann, apelaba a un mecanismo “muy
preciso de la política nacional que se pronuncia arrojando cadáveres de un lado
a otro”. Una estrategia común durante los años setenta que se expresaba con la
frase: Tirar un fiambre y después
negociar. El crimen de Cabezas, analizado desde la frase del Gobernador, me lo tiraron, recuperaba esta terrible práctica
para los tiempos de la democracia, explicaba Feinmann. “Democracia o no, en
política las cosas se vehiculizan con cadáveres-mensaje, cadáveres-advertencia,
cadáveres-piantavotos”.
Entre tanto, el “gran” sospechoso y empresario postal Alfredo Yabrán hizo su indeseada aparición pública: el asesinato del fotógrafo develó sus vínculos con el Poder. Como explicaba el periodista, “no hubo Gobierno a cuyo amparo el Supremo Empresario no hubiera crecido. Pero, como tantas figuras turbias de la muy turbia década del noventa, el hombre había crecido, sobre todo, bajo el menemismo”. Bajo el mismo gobierno creció el ya intendente y cada vez más exitoso empresario Blas Altieri. “Tener poder es ser impune”, definía Yabrán.
En un Pinamar formado “en el olvido de
sus tragedias y de sus muertos”, Altieri pudo ser reelecto una y otra vez. Así,
el hombre fue engrosando su patrimonio y afianzando su intimidad con el poder, ese
que le permite dar a la prensa explicaciones “hilarantes”, como las definió la
revista Noticias, para defenderse de impúdicos actos de corrupción como
entregar viviendas sociales a sus hijas.
De favores y deudas
El asesinato de Cabezas exhibió
impúdicamente “la relación de la política con los negocios mafiosos, las
concesiones a los personeros oscuros y, sobre todo, el asesinato como última
ratio del Poder” definió Feinmann.
Y es en este contexto, pleno esplendor
de la llamada “maldita policía”, donde Oricchio desempeñó el cargo de director del Servicio Penitenciario bonaerense mientras De Lazzari era convocado
por Duhalde para ser Ministro de Seguridad bajo la presidencia de Menem. Los
mismos que tuvieron, y tienen, al gobernador Daniel Scioli como fiel referente y
reproductor de sus políticas económicas y de seguridad. El mismo Scioli que
sostiene la mano del siempre intendente y “amigo personal”, Blas Antonio Altieri.
De Lazzari desempeñó su cargo hasta que estalló el caso Cabezas involucrando a la Policía provincial. El
funcionario pidió una salida decorosa y Duhalde le propuso ser ministro de la Corte..
Una extraña política de Seguridad
El documento elaborado por el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) con el apoyo de la Federación Internacional
de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), busca desterrar de la práctica policial el
ejercicio de la tortura y responsabiliza de su vigencia a “la incapacidad de
los actores políticos para desarrollar
las transformaciones requeridas”. Este cuadro “tiene como agravante la
promoción que distintos funcionarios políticos han hecho de la violencia
ejercida desde el Estado”, entre otras cosas.
El ítem B del capitulo 4 se titula Adquisición de elementos de tortura por autoridades del gobierno de la
provincia de Buenos Aire y dice: “El Servicio Penitenciario Bonaerense
adquirió y utilizó elementos de tortura en las cárceles de la provincia. Según
información publicada en diversos medios periodísticos locales en enero de
2004,
el Servicio Penitenciario compró picanas y escudos eléctricos
al menos en dos oportunidades: en 1993 y 1996 (ambas bajo el gobierno de
Eduardo Duhalde)”.
El entonces gobernador provincial, Felipe Solá, admitió la
compra pero dijo desconocer quién la ordenó y cuándo y negó que se usaran elementos
de tortura en el Servicio Penitenciario. El entonces ministro de Justicia
bonaerense, Eduardo Di Rocco, confirmó que en junio de 1996, ante una ola de
motines y por orden de compra Nº 707/96,
fueron adquiridos bastones y escudos con una descarga de choque de 9 voltios y
que una operación similar se realizó, justamente, en 1993. Di Rocco sostuvo que
los elementos de tortura estaban en desuso. Sin embargo, ningún funcionario
explicó por qué, dada su “inutilidad”, se repitió la compra.
El documento del CELS explica claramente que el hecho constituye
una violación flagrante de lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención contra la Tortura.
Influencias
de doble vía.
El ex abogado externo municipal renunció a su puesto luego de más
de veinte años de llevar adelante los juicios por apremio. Hoy es el abogado
defensor de Altieri. Por eso, vale recordar un dato que podría poner un manto de duda sobre
la debida independencia en las actuaciones jurídicas del Ministerio Publico:
Oricchio, junto al secretario de Asuntos
Institucionales de la
Corte Suprema , Jorge Omar Paolini, es el representante
legal de los magistrados de la
Suprema Corte de Justicia confederados en la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de La
Plata.
Compleja situación la que vive Pinamar con un intendente
cuestionado de severas irregularidades administrativas cuyas consecuencias se continúan
hoy…al igual que sus influencias de doble vía.
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