Por Mariana Dufour
A tras mano del gobierno nacional que vive un tiempo de florecimiento económico / productivo acompañado por un importante apoyo popular, el gobierno de Pinamar, cuyo padrino político es Daniel Scioli, padece una gravísima crisis institucional que amenaza con romper los delicados tejidos sociales.
Con un intendente bajo la lupa de una Comisión Investigadora creada para investigar posibles irregularidades en su gestión y un Concejo Deliberante fustigado por funcionarios y trabajadores municipales que acusan a los ediles de vagos y corruptos, la comunidad de Pinamar vive tiempos críticos que parecieran no encontrar salida. La discusión entre los diferentes sectores del quehacer político y social ya es, prácticamente, imposible. El debate entre las partes no prospera por una razón mucho más profunda que simples diferencias ideológicas o de criterio: los gritos y la agresión avanzan por sobre los argumentos porque la que ya no esta presente en Pinamar es la credibilidad. Nadie le cree a nadie.
Paro total por tiempo indeterminado
La crisis que vivencia Pinamar cuenta con un condimento que la vuelve más urgente y escandalosa: luego de concluida la conciliación obligatoria, el Sindicato de Trabajadores Municipales retomó esta semana las jornadas de paro y movilización. Los trabajadores reclaman el cumplimiento de la promesa de campaña firmada entre el entonces candidato a intendente, Blas Altieri, y el gremio: el aumento salarial del 28% y la incorporación de $520 al básico, pagados en negro por el Ejecutivo, entre otras cosas. Una promesa que el intendente condiciona a la aprobación del Presupuesto 2012 que fue rechazado en tres ocasiones por el Concejo porque, de $123 millones, la Secretaria de Hacienda lo llevó a $200 millones.
Los concejales de la oposición, desmintiendo al mandatario, explicaron al sindicato que el aumento salarial prometido no está “atado a la aprobación del presupuesto ya que, en estos momentos, se trabaja con el presupuesto prorrogado de 2011 más la coparticipación ya otorgada”. Manifestaron, también, que “el dinero está y que la potestad sobre estas decisiones la tiene el Ejecutivo”.
A pesar de estas explicaciones, el ánimo de algunos trabajadores municipales de raigambre altierista está dispuesto a romper con toda decisión acordada por mayoría en asamblea. Estos acuerdos mandan que las movilizaciones se realicen ante el Palacio Municipal porque “nuestro patrón es el intendente”.
Dispuestos a sumarse a la decidida campaña de desprestigio iniciada hace semanas por el Ejecutivo hacia la Comisión Investigadora, unos cuantos empleados municipales quemaron gomas en las puertas del HCD y, a los gritos, exigieron más trabajo a los ediles mientras los responsabilizaban de su situación. Recordemos que, más de un mes atrás, el edil y ex subsecretario de Hacienda de Altieri, Hernán Muriale y el secretario de Servicios Urbanos, Alberto Morales, dijeron: “Creemos que el reclamo salarial es justo y tiene sus fundamentos. El presupuesto aprobado hoy no nos permite afrontar este reclamo salarial porque no tenemos los fondos”. Para tensar aun más el clima, el Ejecutivo, que durante años ha abonado los sueldos entre el 26 y 28 de cada mes, todavía no depositó los haberes y no esta saldando horas extras, recortadas en los últimos meses.
A pesar de esta división ideológica y de estrategia entre los trabajadores, en la tarde del viernes el sindicato armó una carpa frente al Palacio Municipal que no se levantará hasta que se apruebe el aumento prometido por Altieri el año pasado.
La palabra del presidente de la Comisión
El presidente de la Comisión Investigadora, Gabriel Vidauli, insiste en la idea de que “el Ejecutivo no paga porque no quiere. Los datos que tenemos de saldos bancarios al 14 de abril de 2012, ascienden a $17.061.061,48. Los funcionarios del Intendente dicen que no los pueden tocar porque son fondos afectados. Es mentira y el intendente sabe que puede usar los fondos para pagar, si es que tiene un faltante por algún motivo”.
Vidauli insistió: “La situación actual de caos social que vive la comunidad de Pinamar tiene su origen exclusivamente en la decisión del Intendente de no pagar sueldos. Las leyes Nº 14.062, Nº 14,199 y Nº 14,331 autorizan a usar fondos afectados”. El Articulo Nº 99 de la última autoriza al Tribunal de Cuentas “a suspender la imposición de las sanciones previstas en su Ley Orgánica, a aquellos funcionarios municipales que hubieran autorizado, en el Ejercicio 2011, la utilización de recursos afectados para un destino distinto al de su afectación, siempre que tal utilización sea fundada en razones de carácter excepcional”.
Es decir, según Vidauli, “no utilizar los fondos para pagar sueldos es jugar con la angustia de la gente y no tiene ningún asidero técnico legal”. Y agregó que Altieri “tendrá que explicar por qué, en abril de este año, estamos con faltante de dinero”. Recordemos que, la semana pasada, el intendente aseguró que está por declarar la emergencia económica en Pinamar. Declaración que hizo a poco tiempo de haber comprado un auto “usado” a la empresa Volkswagen cuyo valor asciende a $149.000 que irritó a la comunidad en general y a los más de cien trabajadores que sufren la cancelación de su precario contrato desde el año pasado que motivó una importante movilización cultural en la calle.
Finalmente, Vidauli aseveró: “Para el 2012, y mientras no se apruebe el nuevo presupuesto, el Intendente cuenta con el presupuesto del año anterior aumentado con los nuevos montos de coparticipación, que, de acuerdo a los dichos de Muriale, hoy ascienden a $17.000.000. Este incremento implica en los fondos de libre disponibilidad un incremento del 19%”. Y Vidauli subió la apuesta: “Esto significa que, si trasladamos estos valores al presupuesto anterior, hoy el Intendente puede dar un aumento general del 19%”.
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