El domingo por la tarde, un grupo de desconocidos saqueó la vivienda de Mariana Dufour. Robaron computadoras, cámaras de fotos y grabadores digitales. Los usurpadores no se llevaron ningún otro objeto de valor.-
En la convulsionada y selecta Pinamar, que tiene a su intendente en la cuerda floja, cuestionado por severas irregularidades en la gestión luego de veinte años de gobierno casi ininterrumpidos, es lícito sospechar que el hecho estuvo dirigido a amedrantar a la reportera que, desde que inició su tarea periodística, está comprometida con la información veraz mas allá de color político de quien estuviera en el poder.
Sus notas generan la polémica y el resquemor entre los gobernantes y funcionarios de turno. Asimismo, Dufour, periodista de AgePeBA en aquella ciudad balnearia, viene sufriendo amenazas de despido en otros centros de trabajo.
Las consecuencias de este no alineamiento de Dufour con la palabra oficial del intendente Blas Altieri está a la vista: a lo largo de los últimos años perdió espacios ganados gracias al trabajo que, como empleada municipal contratada por horas cátedra por decreto, llevaba adelante en forma comprometida. Primero fue el desmantelamiento de su proyecto de trabajo de interculturalidad en escuelas públicas del distrito y que le valió el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación (a cargo entonces de Daniel Filmus) y el aval de la Dirección General de Escuelas (a cargo en aquella época de Adriana Puigross).
La cronista de AgePeBA fue continuamente presionada por los funcionarios municipales para que modificara el contenido de sus notas: finalmente, el 31 de diciembre pasado, el gobierno municipal de Altieri le comunicó que no sería renovado su contrato en la Casa del Adolescente, donde dictaba un curso de periodismo. “Prescindimos de sus servicios”, explica la escueta carta documento enviada por el director de personal.
A ello se agrega el constante amedrentamiento que, tanto ella como la periodista Adelina Mercuri, deben soportar en los medios “afines” a la gestión de Altieri. Los insultos y los agravios hacia las profesionales llegan a límites increíbles: el mismo intendente ha participado de estos amedrentamientos públicos. A esto se suma la constante censura que sufren sus notas en el medio local donde también trabaja.
El domingo último, la periodista debió vivir un momento intimidatorio más, al ingresar en su vivienda y encontrar que sus elementos de trabajo habían sido extraídos. Fuentes que manejan información “privilegiada” le aseguraron que el hecho no habría sido fortuito.
Se sospecha que el hecho forma parte de una serie de sucesos y de decisiones gubernamentales que ponen blanco sobre negro el poco interés que demuestra el actual gobierno municipal a la hora de garantizar la libertad de trabajo y el derecho a la información que asiste a toda comunidad.
Se trata de una política del Estado municipal que ya ha quedado a la vista de todos. Así lo explicó Mariana Dufour: “Al intendente no le gusta que le pidan explicaciones. Se ofende porque tiene que dar explicaciones de lo que hace, gasta y decide. Tal vez sus funcionarios deberían explicarle que así funciona la democracia. Pero no, sus funcionarios pegan, insultan, gritan y patean. Lo mismo que hacen los niños cuando no satisfacen sus caprichos”.
La idea fue bien expresada por el senador Carlos Fernández durante la sesión del jueves pasado cuando se refirió a la situación critica que vive parte de la prensa de aquel distrito bonaerense: “A esta red de impunidad de la política y de la Justicia se le agrega el uso de matones y barras bravas para pegarle a los periodistas cuando quieren preguntar, para amenazar a los periodistas de la localidad de Pinamar, o para amenazar y amedrentar a quienes efectúan las denuncias pertinentes”.
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