Por Mariana Dufour (desdePinamar) | El miércoles 9 a la medianoche, la Comisión Investigadora creada por el Concejo Deliberante de Pinamar, cerró el informe conformado por 33 puntos. Los documentos presentados por ocho ediles contienen las pruebas respaldatorias sobre las posibles irregularidades administrativas que, según ellos, involucrarían a la gestión del intendente, Blas Altieri.
La presentación de esta documentación, ordenada en dos cuerpos, fue derivada al Poder Ejecutivo el jueves 10 al mediodía. A partir de entonces, el intendente cuenta con diez días hábiles para presentar su descargo.
Mientras esto sucedía, Altieri firmó el Decreto Nº 670/12, a través del cual declaró la emergencia económica en Pinamar por 120 días. El decreto contempla el cese de pago a proveedores.
Una ayuda de Provincia
El martes 8 de mayo, Altieri se reunió con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el secretario de Coordinación Institucional, Eduardo Camaño, y el jefe de Ministros, Alberto Pérez, en la Casa de Gobierno, ubicada en la capital bonaerense. Llamativamente, la Dirección de Prensa tituló una gacetilla: “Altieri logró apoyo en provincia para paliar el desfasaje financiero”. Según este comunicado, “como resultado de la reunión, el gobernador se comprometió a realizar “una transferencia por $1,000,000 a favor de la Municipalidad de Pinamar que corresponden a un Aporte del Tesoro Nacional”.
Sin embargo, es necesario recordar que este ATN fue tramitado por Altieri el año pasado, mucho antes de que se desplegara la grave crisis que vive Pinamar hoy. El intendente fue a La Plata a reclamar el dinero que la Nación ya había girado a Provincia y que ésta no derivaba al Municipio.
Reclamo sindical y sesión extraordinaria
El lunes fue un día difícil para el Concejo Deliberante de Pinamar: el recinto se vio colmado de trabajadores municipales sulfurados y otros en la calle quemando neumáticos. Los empleados, en conflicto con el Ejecutivo, el Deliberante y entre sí, se declararon en paro por tiempo indeterminado. En las ultimas jornadas, unos cien “trabajadores autoconvocados”, avalados por la cúpula sindical han crearon un verdadero caos de fuego, gritos y amenazas ante las puerta del HCD y del Palacio Municipal.
Desde hace meses, los trabajadores reclaman a los concejales que se hagan cargo de la promesa de campaña firmada entre el entonces candidato a intendente, Blas Altieri, y el gremio: el aumento salarial del 28% y la incorporación al sueldo básico de los $520 pagados en negro por el Ejecutivo, entre otras cosas. Una promesa que el intendente condiciona a la aprobación del Presupuesto 2012 que fue rechazado en tres ocasiones por el Concejo: de $123 millones, la Secretaría de Hacienda lo llevó a $180 millones y, luego, a $200 millones. Semanas atrás, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta que asciende a $184 millones. La diferencia está marcada por una denuncia que hizo el edil Gabriel Vidauli que señalaba una facturación irregular de $25 millones a la empresa de transporte Covelia. Algunos ediles de la oposición ya anunciaron que este proyecto tampoco será aprobado. Esto irritó aun más los ánimos de los trabajadores.
Con dos horas de demora que causaron la impaciencia de los trabajadores municipales “autoconvocados”, el lunes 7 dio inicio un tenso encuentro pautado entre éstos y los ediles. Entre bombos, insultos y amenazas, los concejales acordaron con la cúpula sindical llamar a sesión extraordinaria para el jueves próximo para tratar el presupuesto. En franca sintonía con los miembros de la cúpula sindical, el edil oficialista Hernán Muriale arengó a los trabajadores diciéndoles: “Miren que la realización de la sesión extraordinaria no implica la aprobación del presupuesto”. A lo que Mónica Lugones, secretaria de Prensa del sindicato, le respondió: “De eso nos encargamos nosotros”.
Muriale instó a los trabajadores a que presionaran a los concejales para que firmaran el compromiso de aprobar el presupuesto presentado por Hacienda. La negativa del resto de los concejales fue terminante.
Culminada la rúbrica del acta, el secretario de Organización del sindicato, Ricardo Caloni, amenazó con “incendiar el Concejo Deliberante y romper todo. Yo me banco lo que venga”. Al día siguiente, en una entrevista radial, lejos de desdecirse de sus exclamaciones, dijo que las volvería a hacer.
Repudio sindical a la emergencia económica
La comisión directiva del sindicato, claramente alineada al oficialismo, sorprendió esta mañana a propios y ajenos con un comunicado al intendente en repudio por “la forma, las circunstancias y las razones por las cuales surge la emergencia económica municipal”.
La emergencia económica “surge al mismo tiempo en que este Sindicato se encuentra en huelga y paro por un reclamo justo de aumento de haberes y respeto de salarios dentro del sueldo básico. Surge un día antes de la audiencia prevista por el Ministerio de Trabajo donde el Departamento estaría obligado a acercar alternativas de solución al conflicto gremial, luego de periodo vencido de conciliación obligatoria”, considera la comisión. Esta declaratoria “nos sorprende a todos los trabajadores municipales que hemos logrado conversar y conciliar con el Concejo Deliberante, quienes se han comprometido a comenzar a tratar el Presupuesto 2012 el 17 de mayo de 2012”. La comisión señala que “el decreto no reduce las bonificaciones especiales de los funcionarios, como tampoco viáticos, lo que equivale a un gran porcentaje del Presupuesto que colaboraría con la supuesta recuperación de la economía municipal”.
Finalmente, la comisión directiva reconoce su responsabilidad en el acuerdo firmado el año pasado con el entonces candidato a intendente Altieri: éste fue rubricado ad referendum del HCD y, hoy, los lleva a presionar a los concejales para que aprueben el proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo.
Carpa
La falta de claridad en las acciones se hace notar en cada decisión que toman los trabajadores. Esta semana, un grupo de empleados municipales “autoconvocados” instaló una carpa en la esquina de Av. Bunge y Shaw “que permanecerá las 24 horas durante todo el fin de semana y por tiempo indeterminado”. Llamativamente, la comisión directiva del STMP explicó en una nota que “acompaña y apoya” a estos cien empleados “y pide a todos los empleados y a la comunidad que se acerquen”. Se trata de una carpa que no cuenta con el apoyo de los novecientos trabajadores afiliados y no afiliados al sindicato.
A la carpa asisten, en su mayoría, trabajadores del Corralón Sur, algunos del Corralón Norte, del área de administración y de Ecología. El resto de las áreas no participan de esta protesta callejera. Tampoco de los neumáticos incendiados que recibieron la mañana del jueves 10 sobre la Av. Bunge creando un clima de peligro y tensión entre la ciudadanía. Aun así, los miembros de la comisión directiva del sindicato apoyan a esta franja minoritaria de empleados repudiada por sus compañeros.
La cúpula sindical expresó que “se llega a esta instancia por la negativa del Poder Ejecutivo y Legislativo a solucionar el conflicto salarial pactado el año pasado”. La nota no aclara que el pacto fue firmado solo con el Ejecutivo en tiempos de campaña.
Mientras todo esto sucede en Pinamar, Altieri dio parte de enfermo y se recluyó en su casa. Allí recibió el informe de la Comisión Investigadora.
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