Lavarse las manos y seguir. Mientras, Pilato aprende...

Por Mariana Dufour
El intendente Blas Altieri dejó su gestión de gobierno al margen del tema. “El Municipio nada tiene que ver con esto”, clamó.
La semana pasada, mediante cédula oficial, el Instituto Provincial de la Vivienda notificó al Barrio 25 Viviendas de Pinamar que “descalifica como postulantes” del conjunto habitacional a 22 de los 25 adjudicatarios. Entre los que figuran como ocupantes de estas viviendas sociales desde hace doce años, construidas para las familias inscritas en el listado de la Comisión Municipal de la Vivienda, están las dos hijas del intendente, Elena María y María Constanza Altieri; su yerno y director de Anses Pinamar, Leonardo Reverón; familiares del secretario de Servicios Urbanos, Alberto Morales; el ex concejal Aquiles Linfante, entre otros.
Recordemos que los motivos de esta decisión fueron “la falta de ocupación real y efectiva de los inmuebles, existencia de bienes en cabeza de los beneficiarios, falsedad de las declaraciones juradas, etc. (…)”. Están involucrados en esta grave aseveración del organismo funcionarios y ex funcionarios del gabinete municipal.
Lejos de brindar una conferencia de prensa para clarificar los hechos que suceden en Pinamar, Blas Altieri hizo declaraciones mediáticas que buscan desligar su vinculación y responsabilidad en los hechos que “transgreden las normas que establece la Ley”.Contradiciendo la resolución provincial, Altieri aseguró que las viviendas no son sociales, sino “de entidad intermedia”, y, por lo tanto, “el Municipio nada tiene que ver con esto. ¿Dónde está la actuación del Municipio en este caso?”. A pesar de que sus socios y funcionarios Carlos Oricchio y Luis Abruzzese crearon una fundación (Eco Pinar) con el fin de absorber los dineros públicos de la Provinciajusto un día antes de recibir 500.000 dólares, primera parte de una cifra que llegaba a los dos millones de dólares, el intendente de Pinamar asegura no estar al tanto de nada: “No tengo la menor idea de que Abruzzese u Oricchio fuesen integrantes de la fundación”.
Es difícil comprender este desconocimiento teniendo en cuenta que él mismo reconoció haber participado de todas las instancias de la construcción y entrega de las viviendas sociales: la compra del terreno a través de la inmobiliaria Altieri, la venta de los materiales de construcción a través de su empresa denominada Organización Itar y la entrega de las viviendas a sus hijas, sobrina y funcionarios. “¡Pero, por favor, cómo no va a vender los materiales la empresa mía!”. También aseguró que sus hijas “no tenían, entonces ni ahora, la posibilidad de conseguir una vivienda de otra manera”. El año pasado supo decir que “a las viviendas accedía gente de medianos recursos con empleo fijo y que podía pagar el lote y la cuota de la vivienda. Puede estar mi hija, mi abuela, que son como cualquiera que tienen derecho”.
Se hace más difícil comprender este desconocimiento al considerar que el distrito que Altieri gobernaba desde hacía ocho años estaba recibiendo una importante suma de dinero proveniente de la Provincia para la construcción de un gran complejo habitacional destinado a paliar la enorme necesidad de vivienda que tenía, y tiene, esta comunidad. Los trámites de derecho y habilitación de construcción debieron pasar, sí o sí, por las diversas áreas municipales para ser aprobados. Por lo tanto, la gestión de este intendente es, por lo menos, responsable de una enorme falla de fiscalización y control: el Instituto Provincial de la Vivienda proyectó la construcción de un barrio para familias con carencias económicas que se convirtió en un complejo habitacional de tan sólo 25 viviendas levantado en una de las zonas más cotizadas de Pinamar sin que el jefe comunal se percatase de nada. Ni siquiera cuando sus hijas se mudaron allí.