(Pinamarinfo) El impecable y sobrio informe de CQC respecto al fraude de las viviendas sociales que quedaron en poder de las hijas del Intendente Altieri, amigos -hoy funcionarios-, y concejales desató en Pinamar el conservador “municipalismo” pinamarense. Los que no nos desgarramos las vestiduras con el verso de “la gran familia pinamarense” o con los que piden a gritos “el Pinamar puertas adentros”, valoramos y realzamos lo substancialmente importante: “La denuncia que implica al Intendente en una estafa a la ciudadanía”.
Los comunicadores allegados al oficialismo, y los funcionarios que salieron en defensa de su protector político Altieri, tratan insistentemente en desviar el eje no solo de la información sino de la verdadera discusión. Los argumentos son inverosímiles y diversos: “Es una acción política desde lo personal porque en lo que es gestión estamos andado muy bien” indicó Jorge Yeza, cuando el comunicador Víctor Gamarra le preguntó su opinión de lo que él denominó o mejor dicho pretendió instalar un “escenario enrarecido”. El señor Yeza, quien se considera “un recién llegado a la política”, sentenció que “las denuncias no van a tener trascendencia jurídica”. ¿Puede tener razón el Sub Secretario de Deporte? Sí, puede suceder que la Justicia deseches las denuncias. No sería ni el primer ni el último caso que la Justicia argentina cometería un acto de injusticia. Pero, de lo que todavía el sequito gobernante no tomo conciencia, es que el fraude del intendente Altieri excede lo judicial. Gracias a la investigación del Dr. Lucas Ventoso, el excelente informe de CQC y por palabras del propio Intendente, no hay dudas que las viviendas sociales, legal o ilegalmente, fueron otorgadas a las hijas del Intendente y sus allegados. Con el agravante que en Pinamar hay gente cuyas viviendas se encuentran en estado lamentable.
La “Gula”, uno de los siete pecados capitales quedó evidenciada de principio a fin. Y las hijas del Intendente que ya son mujeres hechas y derechas, que conocen más que nadie la necesidad de un pueblo que su padre gobernó por más de 17 años, también son responsables de la infamia y de uno de los peores pecados la “Gula”. Esto no lo juzga la Justicia. Esto lo juzgan los hombres comunes con libertad. Libertad que muchos no poseen en Pinamar. Porque para ser poseedor de esa libertad es condición sinequanon no ofrecerse por 40 monedas de plata.
“Los trapitos se lavan en casa” no sé quien fue el creador esta máxima que los pinamarense han sabido acuñar y reproducir por décadas. Cuando vine a instalarme a esta ciudad, hace ya veinticinco años, nadie me dijo que iba a formar parte de una logia o de una familia mafiosa -aunque las familias mafiosas existan-. Entonces porque el propietario del semanario Pionero, el añejo Luis Mattioli -hombre de armas a tomar-, exige a los ciudadanos esta condición. Por lo menos así, lo expresó en dialogo con el comunicador Diego Uribe, ambos acordaron con la teoría irracional del pacto de silencio fronteras adentro. Mientras Uribe minutos antes en su editorial sangraba por la herida. Quizás porque quedó al descubierto la patraña que orquestó con el Intendente –actos desperados-. Según la versión que daban la productora les suplicó que bajara la filmación de Internet ya que le fastidiaban la edición del programa. ¡Que preocupados estaban los muchachos! La realidad mostró todo lo contrario, aunque el afamado conductor se empeño en menospreciar el informe de CQC impecablemente editado con documentación irrefutable proporcionada por Ventoso. No hay peor ciego que el no quiere ver.
El futuro es incierto: el Intendente puede seguir acrecentando su patrimonio, puede ganar las elecciones, puede perpetuase en el poder, Pero la página de la historia ya se escribió y el intendente de Pinamar, Dr. Blas Antonio Altieri, consumó una ignominia contra la sociedad pinamarense de la cual se sirvió.
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