"Altieri sabe que lo que dice es mentira"

(Pinamarinfo)El abogado Lucas Ventoso se transformó en el quijote pinamarense que denuncia lo que muchos conocen y lo que otros callan. Desde hace tiempo tanto el Ejecutivo como el HCD es el reducto para que funcionarios y concejales realizaran sus negociados. El joven profesional presentó en la tarde de ayer, ante el periodismo, los detalles de la denuncia por Asociación Ilícita, por la cual el intendente Altieri aprovechó los beneficios de un plan de viviendas sociales que benefició a su familia y amigos. El escandaloso fraude tomará estado público nacional en la próxima edición del programa televisivo Caiga quien caiga que provocó la indignación del mandatario municipal.

El jefe comunal no solo conformó una fundación 24 horas ante de recibir el subsidio del Instituto de la Vivienda sino que participó de todos los estadios de la construcción y posterior adquisición de las viviendas: conformó una fundación con sus socios – Carlos Oricchio y Luis Abrussese- que son el brazo ejecutor de la obra, la tierra se adquirió a través de la Inmobiliaria Altieri, los materiales los proveyó Organización Itar y las viviendas fueron adquiridas por su familia –hijas y sobrina- y relaciones políticas.
La fundación fue creada el 1 de junio del año 2000 se denominó “Eco Pinar” y registra como domicilio el estudio jurídico del Carlos Oricchio, el asesor externo del Municipio. Un día después de constituida Eco Pinar recibió el 25 % de 2 millones veinticinco mil dólares, parte de un acuerdo para comenzar la construcción de las viviendas sociales. Estas viviendas de interés social fueron otorgadas a través del Decreto 3201 del año 70. Dicho Decreto establece en su considerando que “el objeto es poner en marcha mecanismos capaces de promover y orientar el esfuerzo de todos los sectores hacia la solución el problema habitacional atendiendo especialmente los requerimientos de un amplio sector de la población de bajos ingresos yo limitada capacidad de ahorro”.

“Altieri sabe que lo que dice es mentira” declaró Ventoso y desmintió al Intendente cuando declaró por distintos medios radiales que “cualquiera tenía accesos a las viviendas”. La única firma de los adjudicatarios que se visualiza en el documento, es la del ex concejal Aquiles Linfante, el resto de las firmas son ilegibles. Lo que hace suponer que la rubrica indescifrable fue a sabiendas que el destino de las viviendas era ilegal. No obstante las rubricas que constan en el expediente son ocho y las viviendas otorgadas son veinticuatro. Por otro lado, sumando irregularidades, las unidades a construir deberían haber sido cuarenta y ocho.
Ventoso explicó que entre las exigencias del riguroso Decreto de referencia, en su artículo 32 dice que “los aspirantes a adquirir las unidades proyectadas deberán presentar por sí o por medio de la entidad ante el Instituto de la Vivienda una solicitud que contendrá datos personales, domicilio, grupo familiar a cargo, ocupación, remuneración, ingresos totales del núcleo familiar que ocupará la vivienda, manifestación de bienes y cualquier otra información que se requiera expresamente. Los datos tendrán carácter de declaración jurada y cualquier falsedad facultaran al Instituto de la Vivienda a cancelarla por culpa del interesado perdiendo el derecho a la unidad de vivienda”.

Además, Ventoso determinó que existe responsabilidad de muchos funcionarios municipales “ya que era imposible haber consumado el expediente sin el concurso de las voluntades de los funcionarios que han omitido denunciar lo que debieron denunciar” Así como también quedó al desnudo la existencia de una tercera pata, cómplice del ilícito, dentro del propio Instituto.
Las diligencias de la cusa están en manos del fiscal de Pinamar Cristian Centurión, quien deberá demostrar no solo idoneidad para llevar la investigación sino los avances de la misma. Por lo pronto el expediente que contiene la documentación, y es principal motivo de prueba del delito, aún no ha sido secuestrado, pese al pedido formal desde hace más de diez días del abogado querellante. El expediente continúa todavía en custodia del Municipio, por consiguiente en poder del Intendente.